La inseguridad se instaló como eje de campaña en este tramo final con vistas a las elecciones del día domingo 14 de noviembre. Este malestar se generó en la comunidad a partir del crimen del kiosquero en Ramos Mejía, La Matanza, y puso a los principales dirigentes de Juntos a cambiar el eje de la discusión politica. Sin escrúpulos, provocaron la indignación social hacia el gobierno nacional y provincial, aun conociendo que la decisión sobre las excarcelaciones o libertades corresponden al Poder Judicial.

Los dirigentes opositores responsabilizaron tanto a la gestión de Alberto Fernández y de Axel Kicillof de liberar a miles de presos, y la que mas tomó como caballito de batalla esta situación fue María Eugenia Vidal, apuntando con el dedo a autoridades municipales y provinciales de no ocuparse de la problemática de la seguridad.

Cabe destacar, que pareciera que Vidal perdió la memoria ya que esta medida obedece a una resolución del Procurador Julio Conte Grand, ex Secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, dictada a inicios de la pandemia, la que dio el marco legal que propinó las liberaciones a comienzos del 2020.

Es de hacer notar que el funcionario mencionado ofreció esta herramienta a los defensores oficiales para que peticionen arrestos domiciliarios a personas con condena y se disminuya la cantidad de prisiones preventivas, bajo el único parámetro de ser personas de riesgo, sin evaluar factores como la gravedad del delito o los antecedentes penales que llevó a los delincuentes a estar privados de su libertad.

La polémica resolución de Julio Conte Grand

Al inicio de la pandemia, el Procurador Julio Conte Grand firmó una resolución con la que habilitó a ampliar masivamente el beneficio del arresto domiciliario, a partir de un criterio únicamente sanitario.

Esta medida fue dispuesta el 16 de marzo de 2020 y enumeraba detalladamente a las personas que podrían gestionar el beneficio:

1- Quienes hayan cumplido 65 o más años de edad;
2- Mujeres embarazadas o en período de lactancia;
3- Personas con depresión inmunológica de cualquier origen;
4- Personas que padezcan diabetes;
5- Personas con insuficiencia renal;
6- Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares;
7- Personas trasplantadas;
8- Personas con patologías oncológicas;
9- Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias;
10- Cualquier otra persona que se considere en mayor riesgo por alguna patología o especial.

Es importante resaltar que, en el mes de abril de 2020, un fallo del Tribunal de Casación revisó la medida recomendada por Julio Conte Grand y limitó el beneficio de los arrestos domiciliarios a personas de riesgo que fueron condenados o están acusadas de cometer delitos tipificados como leves.
La disposición en cuestión estableció de forma explícita quienes estaban al margen del beneficio, y recomendó “resguardar la integridad psicofísica de la víctima, en los procesos por delitos contra la vida (homicidios); la libertad (secuestros); la integridad sexual (abusos y violaciones) y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género (femicidios)”.
Pese a lo dispuesto por el fallo de Casación los medios porteños y dirigentes de la oposición, en esta medida tuvieron una doble vara y parece que olvidaron que Julio Conte Grand era y es un hombre del riñón de María Eugenia Vidal y es quien dictó la resolución inicial que permitió la salida de presos teniendo solo en cuenta un tema de salubridad.

El dirigente Marcelo Puella, fue más a fondo en esta discusión y criticó duramente a los candidatos de Juntos, quienes se atreven a hablar en los medios haciéndole creer a la sociedad que la liberación de presos fue una responsabilidad de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, cosa que es totalmente errónea.

“El problema de seguridad no es una cuestión netamente política sino judicial, porque basta con solo mirar los egresos informados por el Servicio Penitenciario Federal para darse cuenta del desconocimiento de Vidal y el resto de la dirigencia opositora.”, explicó.

“Solamente del 2018 al 2019 hubo 26250 egresos de personas privadas de su libertad ordenadas por los magistrados que entendían en sus causas y en plena pandemia del 2020 al 2021 se registra un numero de egresos de 12.893. Entonces, ¿Quién largo los delincuentes a la calle, nuestro gobierno o el de Juntos por el Cambio?”, analizó.

Por último, Puella sentenció que “Interpretar los datos de la realidad resulta indispensable para lograr comprender la situación de inseguridad actual y buscar en forma inmediata soluciones adecuadas, y no confundir a la gente y utilizar cualquier medio para un obtener un voto más”.